Durante los últimos años, la firma operó procesando mercadería de terceros —principalmente de sus acreedores— mediante contratos a fazón. Esa modalidad le permitió sostener su actividad, pagar salarios y evitar despidos, aunque consumió una “caja operativa” cercana a los 50 millones de dólares. El agotamiento de esos fondos, la falta de nueva mercadería y el agravamiento del panorama judicial precipitaron la decisión de suspender completamente sus operaciones.

Avance judicial contra exdirectivos

La crisis se intensificó la semana pasada cuando un tribunal penal santafesino dictó prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa: Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario los acusa de integrar una asociación ilícita que habría continuado operando tras el default de la compañía, con el objetivo de consolidar su poder, desviar fondos del grupo económico y entorpecer la investigación judicial.

Además, otros quince imputados quedaron sujetos a restricciones judiciales: no pueden salir del país, deben abonar fianzas que oscilan entre los 200.000 y 500.000 dólares, y presentarse periódicamente ante la Justicia.

Esperanza en la Justicia nacional

Frente al estancamiento del proceso en la órbita provincial, la intervención de Vicentin apuesta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome el caso y homologue el acuerdo con los acreedores. Según fuentes allegadas a la firma, esa resolución permitiría reactivar las plantas bajo la administración de ACA, Bunge y Viterra.

“La empresa no tiene hoy materia prima para operar. Si el acuerdo es homologado a nivel nacional, se podría destrabar la situación y reiniciar la actividad en el corto plazo”, indicaron desde el entorno de la intervención.

Con más de 90 años de historia, Vicentin fue fundada en Avellaneda, por Pedro Vicentin, y llegó a posicionarse como una de las principales agroexportadoras del país. Hoy, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.