El pasado 13 de marzo se iniciaron los trabajos, y días después, el organismo nacional envió una nota exigiendo la paralización. Sin embargo, el Gobierno de Pullaro decidió ignorar el pedido y continuar con la obra bajo el argumento de que la infraestructura es de jurisdicción provincial y esencial para mejorar la circulación vehicular entre Santa Fe y Santo Tomé.

No obstante, la decisión genera interrogantes sobre la transparencia y la pertinencia del proyecto, que se financiará con más de 39 mil millones de pesos, en un contexto de ajuste y recortes en otras áreas clave para los santafesinos.

El Gobierno provincial justifica su accionar en un convenio firmado el 22 de noviembre de 2024 entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, en el que se establecía que Santa Fe asumiría la construcción con fondos propios.

Sin embargo, pese a este acuerdo, la solicitud de Vialidad Nacional de detener los trabajos ha sido desestimada, lo que evidencia un conflicto de competencias que la administración de Pullaro ha decidido sortear de manera unilateral.

La licitación de la obra se llevó a cabo el 21 de diciembre pasado y fue adjudicada a una unión transitoria de empresas. En febrero, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, celebró la adjudicación a la empresa Pietroboni de Entre Ríos, sin dar mayores explicaciones sobre la falta de consenso con Nación.

Ante la orden de suspensión, Enrico minimizó el conflicto y declaró que “cuando el grado de avance de la obra amerite solicitar permiso de uso de algún espacio nacional, se tramitará la correspondiente solicitud”, mientras acusó al gobierno nacional de poner “palos en la rueda”. Estas declaraciones exponen la falta de previsión del gobierno provincial y su afán de imponer la construcción a cualquier costo.

El nuevo puente tendrá una longitud de 1.324 metros, con una calzada de 8,30 metros de ancho para vehículos, además de una bicisenda y una vereda de 1,50 metros cada una. También incluirá accesos en ambas cabeceras y otras obras complementarias.

Sin embargo, la ejecución del proyecto se da en un contexto donde el deterioro de la infraestructura vial en toda la provincia sigue siendo un problema sin resolver.

En la cabecera de Santa Fe, se prevé la demolición del pavimento de hormigón existente, que presenta bacheos y losas deterioradas, para construir dos nuevas calzadas.

En la cabecera de Santo Tomé, se realizarán modificaciones en el tránsito para mejorar el flujo vehicular, aunque sin un plan claro de contingencia ante las posibles complicaciones que genere la obra en una de las conexiones más transitadas de la provincia.

Pullaro, en una reciente conferencia de prensa, justificó la decisión de continuar con el proyecto afirmando que “se va a hacer con recursos propios, porque entendimos que la provincia no podía seguir esperando a Nación”.

Sin embargo, su afirmación contrasta con la difícil situación económica que atraviesa Santa Fe, donde las prioridades parecen estar desordenadas. Mientras el Gobierno provincial se jacta de tener “más de mil obras en marcha”, las críticas por la falta de inversión en salud, educación y seguridad se multiplican, dejando en evidencia una gestión que prioriza lo electoralista por sobre lo urgente.