Plazos y procedimiento

La Ley 14.384, sancionada en diciembre de 2024, establece que la Convención Reformadora deberá instalarse en la ciudad de Santa Fe dentro del plazo de un año desde la elección. Su tarea tendrá una duración de 40 días corridos, prorrogables por 20 días más si lo decide la mayoría absoluta de sus miembros.

Los principales cambios propuestos

La reforma aborda una amplia gama de temas que van desde la organización del Estado hasta derechos ciudadanos. Entre las modificaciones más relevantes figuran:

• Gobernabilidad: se habilitará la reelección del gobernador y vicegobernador, actualmente prohibida.
• Justicia: se ampliará la Corte Suprema de Justicia a siete miembros y un Procurador General, garantizando la paridad de género y representación regional.
• Transparencia: se incorporará la "Ficha Limpia", que impedirá la candidatura de personas con condenas por delitos especificados en la ley.
• Género y representación: se establecerá la paridad de género en la conformación de la Cámara de Diputados.
• Autonomía municipal: se reconocerá la autonomía plena de los municipios en los ámbitos político, administrativo, económico y financiero.
• Derechos fundamentales: se reconocerá el derecho de acceso al agua y se ampliará la protección del derecho a la salud y a la educación, incluyendo la obligatoriedad de la educación secundaria.
• Seguridad y justicia: se adecuará la acción de amparo, el hábeas corpus y el juicio por jurados a los estándares nacionales.
• Tributación: se incluirán principios de progresividad, equidad y responsabilidad fiscal en el sistema tributario provincial.
• Sustentabilidad: se reconocerá el derecho a un ambiente sano y el ordenamiento territorial con perspectiva de desarrollo sostenible.

Temas habilitados para debate

Además de las reformas mencionadas, se abrirá la discusión sobre:

• Mecanismos de participación ciudadana como consulta popular, referéndum y revocatoria de mandatos.
• Seguridad pública con enfoque en prevención y derechos humanos.
• Ciudadanía digital y medidas contra el cibercrimen.
• Políticas de inclusión para mujeres, disidencias, personas con discapacidad, pueblos originarios y juventudes.
• Reconocimiento del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa.
• Limitaciones a los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.
• Incorporación del Defensor del Pueblo como órgano independiente.
• Ratificación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.