En las últimas semanas, los santafesinos han expresado su descontento ante la creciente inseguridad, con robos de todo tipo, desde "escuchas" hasta entraderas y motochorros. La situación se agrava aún más con el colapso de los hospitales públicos, donde los pacientes deben esperar largas colas de hasta seis horas para ser atendidos, mientras las instalaciones de estos centros de salud se caen a pedazos. A la vez, las ofertas de empleo son escasas y quienes logran acceder a ellas deben enfrentarse a largas colas de hasta varias cuadras para ser considerados.

El pedido de estos vehículos, en un momento de crisis, ha generado un fuerte malestar en la ciudadanía, que percibe que el dinero público podría destinarse a resolver las necesidades más inmediatas, como la mejora de la seguridad y la infraestructura sanitaria. Si bien la adquisición de vehículos podría ser necesaria para mejorar la gestión del gobierno, los ciudadanos cuestionan si esta es la prioridad en un contexto donde las urgencias sociales son cada vez más apremiantes.

El proceso de licitación sigue su curso, pero el cuestionamiento sobre si esta inversión responde a las verdaderas necesidades de la provincia, como la lucha contra la inseguridad o el fortalecimiento de los servicios públicos, sigue siendo un tema central en la agenda política y social de Santa Fe.