La EPE y a Aguas Santafesinas imputadas por nación por cobrar tasas municipales de manera indebida en las facturas
La imputación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas por parte de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación tiene que ver con la inclusión indebida de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El motivo de esta acción es que, desde septiembre de 2024, se prohibió incluir en las facturas conceptos no relacionados con el contrato entre el proveedor de servicios y el consumidor. La resolución 267/2024, que entró en vigor el 11 de octubre de este año, establece específicamente esta restricción.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, tanto la EPE como Aguas Santafesinas cobraron cargos municipales en localidades de la provincia de Santa Fe (como Rosario, Coronda, Santa Fe capital, San Carlos, y Los Quirquinchos) sin que estos conceptos estuvieran contemplados en sus contratos con los usuarios. Además de estas empresas, otras cooperativas de la provincia, como la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez y la Cooperativa de Murphy, también fueron imputadas por la misma razón.
La cantidad de empresas involucradas es significativa, con un total de 95 imputadas en todo el país, que incluyen tanto empresas de servicios públicos como otras entidades. Los cargos adicionales, que no tienen relación con el servicio contratado, son considerados una violación a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que prevé sanciones severas para estas prácticas. Las multas pueden alcanzar hasta los 2130 millones de pesos.
Las empresas imputadas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo ante la Secretaría de Industria y Comercio. Si no cumplen con la norma, podrán enfrentarse a sanciones económicas.
Contexto adicional: Las denuncias fueron realizadas por los usuarios a través del correo electrónico habilitado por el Ministerio de Economía, denunciatufactura@comercio.gob.ar, y hasta el momento se han recibido más de 2700 reclamos.
Este tipo de prácticas afecta directamente a los consumidores, que pueden verse obligados a pagar cargos adicionales que no están contemplados en los contratos, lo que genera una situación de abuso por parte de los prestadores de servicios públicos.
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