Un fuerte debate sobre la independencia del Poder Judicial se desató en la provincia de Santa Fe al conocerse el caso de dos jueces que no pasaron los exámenes para el ingreso a la nueva Cámara de Ejecución Penal, pero fueron beneficiados por un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro.
Se trata de los magistrados Horacio Pueyrredón y Valeria Haurigot, que a principios de este año rindieron los exámenes correspondientes para el ingreso a la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal, que funcionará como ente de control de las políticas carcelarias en el territorio santafesino.
Al iniciarse las inscripciones 53 magistrados se presentaron, 11 de ellos fueron rechazados por no cumplir con las condiciones requeridas. Mientas que el resto se presentó a rendir exámenes para corroborar sus condiciones. En esa instancia Pueyrredon y Haurigot fueron bochados por lo que no debieron continuar con el proceso de selección.
Sin embargo, ambos jueces junto con la magistrada Susana Luna, presentaron una apelación contra la decisión del jurado. El pedido fue sorprendentemente aceptado por el titular del Poder Ejecutivo provincial, el radical Maximiliano Pullaro y por su ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Coccoccioni.
De este modo, el mandatario provincial emitió un decreto en el que reincorporó a Pueyrredón y Haurigot en el proceso de selección para integrar la nueva Cámara penal. Bajo la justificación de que no solo se debía tener en cuenta sus capacidades jurídicas, sino también el perfil adecuado para el cargo.
Con esta decisión el gobernador hizo una clara intromisión en la independencia de los poderes del Estado, tan solo por la orientación partidaria de los jueces que fueron rechazados por la falta de capacidad académica para el cargo que conlleva una importante responsabilidad, ya que definirá la situación penal y correccional de miles de personas.
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