Judiciales y Policiales
Varias historias

VIDEO | En cinco años fueron detenidos cuatro jefes de la Policía Federal por corrupción en la provincia

Siguen los escándalos dentro de la Policía Federal santafesina.

Plantaban droga en procedimientos policiales, amparaban narcos y recaudaban “para arriba”. Historia de una dependencia desmadrada.

El reciente procesamiento del subjefe de la Policía Federal de Santa Fe, Leonardo Benítez, por la causa que investigó el trato vip que tuvo el financista Juan Suris, volvió a poner en el centro de escena el clandestino funcionamiento de la dependencia ubicada en San Martín al 3300 de la recoleta santafesina.

El primer caso se retrotrae al 9 de mayo cuando agentes de Asuntos Internos de la PFA llegaron hasta la sede santafesina y en presencia del jefe máximo de ese entonces, Néstor Roncaglia, detuvieron al comisario Marcelo Lepwalts y los integrantes del área de inteligencia; el principal Cristian Pablo Bogetti, el ayudante Michael Juan Arbildo, los cabos primeros Lucas Leonel Bustos y Darío Alberto Duarte y el agente Carlos Fernando Gómez Navarro.

"Un grupo de policías no cumplió con sus deberes, se alejaron de las normas y delinquieron", dijo Roncaglia en ese entonces en una rueda de prensa que supo hacerse fuera de la PFA. “No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra”, agregó el mandamás de la federal.

Por el caso, todos los agentes, incluido Lepwalts fueron apresados y acusados en ese momento de tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica, encubrimiento, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de dos causas que llevaron en conjunto los fiscales federales Walter Rodríguez y Gustavo Onel.

En dicha investigación, se descubrió que los policías, con el aval de Lepwalts, montaron en la delegación de la PFA una empresa criminal “polirubro” que plantaba estupefacientes en procedimientos policiales, fraguaba actas de procedimientos que luego enviaba a la Justicia y hasta pedía rescate por teléfonos secuestrados en operativos.

Nuevo jefe, nuevo escándalo

No bastó que pasaran cuatro meses para que el nuevo jefe de la federal de Santa Fe, Mariano Valdez, quedara implicado en una causa judicial tras ser víctima de un ataque a balazos cuando circulaba a bordo de un Ford Focus oficial por la ruta 9, a 30 kilómetros de Rosario, junto con una suboficial de la PFA.

Aquel episodio, en principio, fue investigado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, Eugenia Lascialandare, y su par rosarino, Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del mismo organismo judicial. Ambos fiscales, ordenaron una serie de medidas que tuvieron como corolario un allanamiento en la sede la Delegación Santa Fe de la Policía Federal el 20 de septiembre de aquel 2019.

En esa oportunidad, los fiscales rosarinos ordenaron la detención de Valdés al haber detectado que junto con el subjefe, Higinio Alberto Bellagio, realizaron ocultamientos a la Justicia sobre qué sucedió durante el tiroteo.

Los dos fueron imputados en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de Villa Constitución. En el caso de Valdés, el jefe fue acusado por “incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, sustracción de material probatorio, falsedad ideológica y falso testimonio”; mientras que Bellaggio fue acusado de “sustracción de elementos probatorios, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento”.

Sin embargo, la causa tuvo un giro de 180 grados con posterioridad al conocerse un peritaje realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre un bolso secuestrado a Valdés al momento del ataque y el cual estableció que contenía partículas de presuntamente “metanfetaminas”.

Tras el hallazgo, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, tomó intervención en la causa y llevó a juicio a los agentes federales tras acusarlos de “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado para el “provecho propio” y además “falso testimonio”.

El caso fue juzgado en un debate que tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que el 27 de agosto del 2021 terminó con una sentencia que condenó a Valdes, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la modalidad de abuso de autoridad”; y absolvió a Bellagio.

Borrón y cuenta nueva en la federal

Ante la salida de Valdés y Bellagio de la fuerza, quedó como jefa de la Policía Federal de Santa Fe, Roxana Romero, la cual estuvo al frente de la dependencia hasta fines del 2022. Durante su gestión, la sede policial no protagonizó ningún nuevo escándalo.

De hecho, se ejecutaron investigaciones entre las cuales se destacaron la que terminó con el secuestro de varios kilos de marihuana que fueron hallados en un domicilio lindero a un lavadero de avenida Blas Parera al 6500, ligado al narcotraficante, Juan Pablo “Pato” Calderón.

Es que en ese domicilio, fue detenida Verónica “La Mona” Larrea, la expareja de Calderón y quien se habría encargado de administrar los estupefacientes de la organización criminal.

Nuevo escándalo: el caso Juan Suris

Recientemente, el subjefe de la Policía Federal Leonardo Benítez, fue procesado como presunto autor de cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento doblemente agravado con violación de secretos por haberle permitido a Suris gozar de múltiples beneficios durante su “detención” en la sede de la PFA de calle San Martín al 3381.

Según estableció la investigación, encabezada por el fiscal Walter Rodríguez, Suris llegó a la policía federal de Santa Fe tras ser detenido, en noviembre del 2023 en la ciudad de Esperanza (donde se encontraba radicado) para cumplir una condena impuesta por la Justicia federal de Bahía Blanca en el marco de dos causas: por comercio de estupefacientes, entre 2011 y 2013, y montar una usina de facturas apócrifas para evadir el pago de impuestos a la Afip.

A partir de su arresto, Suris fue llevado hasta la PFA santafesina hasta que se gestionara el cupo en el Servicio Penitenciario. Sin embargo, el traslado nunca fue requerido y el recluso quedó detenido en la dependencia y gozó de múltiples beneficios otorgados por el subjefe Benítez. Entre ellos, tener comodidades y privilegios de los que no gozaba ninguno de los otros internos que se encontraban en la dependencia.

La lujosa estadía fue denunciada y se inició una investigación en la Fiscalía Federal N°2 que terminó con el subjefe Benítez detenido y tras las rejas. No obstante, Suris sumó una nueva causa por haber realizado pagos para ser beneficiado dentro de la dependencia por medio de una "colaboradora".

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